Como La Direkta, medio de comunicación popular, nos permitimos denunciar públicamente la censura indirecta que ha perjudicado nuestro ejercicio periodístico en el marco del cubrimiento que realizamos sobre la situación general de los desplazados en el municipio de Ituango, Antioquia, y respaldamos, en el mismo sentido, el pronunciamiento emitido por la FLIP el pasado miércoles 4 de agosto de 2021.
Nuestros periodistas se han visto enfrentados a una obstrucción sistemática del acceso a la información y al cubrimiento, desconociendo la vigencia de los artículos 20 y 73 de la Constitución Política que defienden la libertad de expresión, el derecho a informar, recibir y difundir información veraz así como el ejercicio de la actividad periodística a la cual se le debe garantizar siempre libertad e independencia. Dichos artículos están respaldados por la Ley 586 del año 2000 que establece los elementos constituyentes de la libertad de expresión.
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. (República de Colombia, 1991, art. 20)”.
Nos preocupa muy particularmente la obstaculización a nuestra labor periodística por parte de algunos integrantes del Ejército Nacional, pues en ningún momento nos ofrecieron una explicación sobre las razones concretas que los llevan a impedir el registro fotográfico y audiovisual. De igual manera, evidenciamos incomodidad y temor en la comunidad a la hora de dar sus testimonios, que son vitales para comprender las verdaderas razones y actores detrás del desplazamiento forzado de más de 4000 personas que han sido amenazadas e intimidadas por grupos ilegales al margen de la Ley obligándolos a abandonar sus tierras.
Como medio independiente y alternativo, consideramos de vital importancia que se nos garantice el acceso a la información y a la difusión de la misma, pues es fundamental en cualquier democracia poder contrastar los datos emitidos por los medios tanto tradicionales como alternativos con las comunicaciones oficiales.
Alertamos que tanto autoridades como fuerza pública han fallado en garantizar el legítimo ejercicio de nuestros derechos como periodistas al no implementar medidas de prevención o protocolos de acompañamiento que garanticen no sólo la libertad de nuestro ejercicio periodístico sino además el bienestar y la integridad física de quienes hacen cubrimiento en el municipio.
Exigimos la puesta en marcha de un mecanismo conjunto entre la Policía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y el reconocimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH y la Corte Constitucional, pues no es posible que se siga desconociendo el alto riesgo al cual se exponen los periodistas que realizan el cubrimiento en zonas apartadas y que deben enfrentar el peligro que significa la presencia de grupos armados e ilegales cuyo principal interés es el de invisibilizar las causas, actores y dimensión de la tragedia humanitaria que se está viviendo en el municipio de Ituango.
Respaldamos las peticiones de la FLIP ante la Alcaldía local, Defensoría del Pueblo Regional de Antioquia, Ministerio de Defensa y al Comandante del Ejército Nacional, Procuraduría Regional y Procuraduría General de la Nación, en las que se solicita que se incluya a la prensa en las medidas de protección discutidas en los consejos de seguridad, que se haga una evaluación integral sobre la situación de la prensa a nivel nacional y regional, que se adopten los mecanismos especiales de acompañamiento para los cubrimientos en terreno, que se garantice la libertad plena al ejercicio periodístico y que se investiguen a profundidad las denuncias relacionadas con la obstaculización de la libertad de prensa tanto a nivel regional como a nivel nacional.
