El pueblo de Ituango se ha convertido nuevamente en uno de los epicentros de la violencia, tan típica de esos parajes andinos desamparados por el Estado, algo que seguramente contrasta con sus casitas coloridas y la amabilidad de su gente. Como muchos pequeños pueblos en nuestro país, las lluvias invernales destruyeron la mayor parte de la infraestructura vial, la presencia de diferentes grupos armados es común y el abandono del Estado es una realidad latente.
Desde el pasado 21 de Julio, los habitantes de las diferentes veredas que rodean el pueblo se vieron obligados a abandonar sus tierras y a hospedarse en las escuelas veredales, que pasaron de ser centros de estudio a albergues improvisados para los recién desplazados. Cada vereda ocupó un salón diferente, y allí, sobre el suelo de baldosa, sus habitantes se vieron obligados a pasar las noches sin ningún tipo de protección más que cobijas y esteras para soportar el frío. Sumado a lo anterior, el rol de las instituciones fue, desde el inicio, aquel de convencer a las comunidades de no desplazarse y de no migrar de manera masiva a la cabecera municipal, Ituango, ignorando por completo las amenazas que habían recibido en su contra e intentando encontrar una solución fácil a esta difícil problemática.
Actualmente se sabe que en la zona veredal de Ituango se encuentran asentados diferentes grupos armados que se disputan el control territorial: por un lado el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y por el otro el frente 18 de las disidencias de las FARC, dirigidos por un tal alias “Camilo”. En los 15 días pasados, alrededor de 4041 personas fueron desplazadas de sus tierras por medio de amenazas. Éstas fueron comunicadas inicialmente a los presidentes veredales y posteriormente a toda la comunidad, lo que les obligó a dejar sus hogares, sus cultivos y sus animales con plazos extremadamente cortos, de entre 1 y 24 horas.
En medio del pánico las comunidades solicitaron la ayuda y la presencia del Estado a través de sus diferentes organismos e instituciones, cosa que fue cumplida a medias. Tanto la Alcaldía de Ituango como la Gobernación de Antioquia y la Defensoría del Pueblo realizaron un acompañamiento superficial a estas personas en condiciones de extrema vulnerabilidad y sus necesidades reales. Según fuentes presentes en la zona, en un primer momento los funcionarios de la Alcaldía trataron a los campesinos como manifestantes, ignorando sus peticiones y viendo con malos ojos su presencia en el pueblo. Una vez el número de personas incrementó de manera alarmante, y la noticia llegó a diferentes medios de comunicación locales y nacionales, dieron una respuesta más coherente frente a la situación, aunque muy escasa y poco comprensiva.
En concreto, hablamos de que se pidió a las comunidades que regresaran a sus veredas, convenciéndolas de subir de nuevo a las escaleras (chivas) para que regresaran a sus hogares, sin haberles dado una respuesta real a sus solicitudes y sin brindarles garantías claras en materia de seguridad. Tan poco fue el interés de las instituciones de velar por su integridad que, luego de haberles pedido que se devolvieran a sus tierras, se les informó que la responsabilidad por su seguridad dependía sólo de las comunidades mismas, incluso en lo que respecta al traslado en el terreno en donde en muchos casos se deben ubicar a niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad en el capazote de las chivas debido al hacinamiento causado por la escasez de transportes. Esto es claramente un riesgo que incrementa de manera exagerada cuando se tiene en cuenta la pésima infraestructura vial de la zona..
La Defensora Regional de Antioquia, Yucelly Rincón, más que realizar acciones para ayudar a las diferentes comunidades, se centró en lanzar discursos con tintes políticos, dando más la imagen de una política en campaña que la de una Defensora de Derechos Humanos en representación del Estado. Aquí es importante resaltar que la Defensora se presentó en los albergues aproximadamente 10 días después del inicio del éxodo de estas comunidades y que previo a ello sólo había presente un defensor del pueblo, algo imperdonable cuando hay una situación humanitaria tan delicada.
Fuentes presentes en la región cuentan también que se le hizo un llamado de atención por parte de la institución a los defensores interesados en brindar ayuda a las comunidades, como si ello estuviera en contravía de los intereses de la misma. De la escasa actuación de la Defensoría se puede seguir hablando de manera extendida. Además del poco interés en ayudar a las comunidades, la defensora arguyó en uno de sus discursos que no era el deber de esta institución acompañar a las comunidades hasta sus veredas, cosa que no gustó a los líderes de las mismas y quienes finalmente lo exigieron como parte del acompañamiento que necesitaban para retornar a sus hogares. Esto, por supuesto, no fue cumplido a pesar de las promesas.
Arriba, en las veredas, sólo hay presencia de la policía y los militares, quienes tampoco brindan una sensación de seguridad, sino que más bien se imponen con sus armas dejando siempre en alto ese lema de la mano dura, tan presente durante estas últimas décadas en los territorios en conflicto. En algunas ocasiones, las fuerzas del estado detuvieron a nuestros periodistas para exigirles que no documentaran ciertas cosas sin dar razones válidas y los siguieron en diferentes ocasiones durante sus trayectos. Sobre estos acontecimientos se informó a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) , quien sacó un comunicado donde se precisa que hay una obstrucción indirecta para el ejercicio periodístico en terreno. A esto se suma el profundo temor que tienen los habitantes para hablar de la situación, un temor que se ve y se siente en la sensación de zozobra que permea el ambiente.
El día 1 de Agosto, nuestro equipo de periodistas realizó un acompañamiento a las comunidades hasta los puntos de las carretera en donde las chivas dejan a las comunidades de las diferentes veredas, desde ahí, subiendo los caminos de trocha, el acompañamiento del Estado desaparece y sólo se puede seguir avanzando bajo responsabilidad propia. Tanto las instituciones estatales como las ONGs presentes en la zona carecen de permisos otorgados desde Bogotá, debido al riesgo elevado que presume ingresar hasta los puntos más alejados del territorio; si bien esto no es algo que se confiesa de manera abierta, es una información que se pudo confirmar gracias a fuentes anónimas allí presentes. Esta información es algo que no parece importar cuando son las comunidades las que se ven presionadas a regresar lo antes posible a sus territorios. Las instituciones sólo parecen ser precavidas cuando son sus propios funcionarios quienes pueden entrar en situaciones de riesgo, un riesgo que saben es real actualmente en este municipio. Además del equipo de prensa de La Direkta y de Vista News, solamente la Pastoral Social realizó el acompañamiento de las mujeres, hombres y niños de regreso a sus hogares.
La situación de las comunidades del nororiente antioqueño es dura de digerir. A pesar de que hoy en día el Gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, ha declarado a la prensa que está “en frente de la situación” deja en manos de las comunidades la determinación de volver a sus territorios, así como de velar por su propia integridad en todo momento, lo cual es una profunda contradicción. El gobernador dijo además, en una entrevista a Teleantioquia, que la responsabilidad de la Gobernación era únicamente “dar las garantías de seguridad y las condiciones que ellos consideren necesarias para que puedan regresar”, y posterior a ello mencionó que “más de 800 personas han decidido volver por mera voluntad”. Frente a esto hay que hacer varias salvedades: la primera es que muy difícilmente la Gobernación podría hacer algo frente a las amenazas presentes en los territorios pues, como es de conocimiento público, no se saben los puntos geográficos exactos donde las estructuras armadas ilegales se encuentran ubicadas, lo que significa que el ejército difícilmente podría defender a la población. Y la segunda, que los pobladores de estas veredas no vuelven por voluntad, sino por la necesidad imperante que tienen de regresar a sus hogares e intentar salvar los cultivos, que en su mayoría están echados a perder, enterrar a sus animales muertos, y cuidar de los que sobrevivieron, y también de dejar de una vez por todas los “albergues” donde tuvieron que dormir hacinados, con frío e incómodos, y no se les suplieron necesidades tan básicas como las de comer sin tener que esperar en filas durante horas. Aquí quedan abiertas algunas interrogantes: ¿cuáles son las supuestas garantías que ha brindado el Estado para que estas comunidades puedan volver?, ¿qué es lo que tanto presumen el Gobernador y la Defensora si los mismos pobladores hablan de un completo abandono y desinterés por parte de estos organismos en brindarles protección y acompañamiento al interior del municipio?
Otras asociaciones y movimientos, como el Colectivo Ríos Vivos y organizaciones de la sociedad civil de Ituango y de Medellín, se destacaron mucho más frente a la situación de los damnificados por la eficacia en la entrega de ayudas, su acompañamiento permanente en los albergues y su disposición de escucha a la ciudadanía, manteniendo un trato cálido, humano y respetuoso con las comunidades. Las ayudas de la Alcaldía, la Gobernación y la Defensoría también se centraron en estos focos, alejados de los lugares en situación crítica.
Si hay algo que es cierto, es que la presencia del Estado, más que cualquier otra cosa es una puesta en escena donde sus políticos y funcionarios van a posar por periodos de unas cuantas horas, se toman fotos frente a las comunidades, dicen que hacen todo lo que tienen a su alcance y luego se van, dejándolas de nuevo abandonadas y a la deriva en medio de un contexto azotado por una violencia aún silenciosa, en manos de pocos funcionarios sin capacidad de acción. Esto es una realidad que pudo ser percatada gracias al hecho de que nuestro equipo de periodistas estuvo presente en terrero, que evidenciaron la realidad en los albergues y tuvieron la oportunidad de subir a muchas casas en las veredas donde se constató la triste realidad en la que se encontraban los animales, los cultivos y las humildes casas de los campesinos que fueron dejadas atrás unos días antes en medio de la tragedia que representa huir del hogar bajo amenazas. Frente a esto todavía no hay respuesta. Aquello que se perdió difícilmente será recuperado.
La pérdida es significativa, sobre todo cuando se entiende que estas pocas cosas son, en muchos casos, todo el patrimonio familiar de quienes habitan en estos territorios. Si hay algo cierto es que, más que voluntad para volver, estas personas se encuentran entre la espada y la pared, entre el miedo de perderlo todo y el abandono producto de un Estado ausente, como sus políticos y sus funcionarios, quienes solo aparecen para hacer campaña.
Finalmente, la búsqueda de la verdad nos permitió acercarnos a una comunidad que exige una comisión de derechos humanos que permanezca en el territorio, que les de garantías para una vida digna y además de eso, un periodismo comprometido que no llame desde Bogotá para saber las historias de la gente, que compre fotos a los campesinos simulando que están en el territorio, cuando ni siquiera han puesto un pie en medio de estas montañas que son parte de la despensa agrícola de un país que aún no valora ni respeta las realidades del campesinado y que les da la espalda de manera constante.
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