Por: Jénnifer Giraldo- Le Cuento
El pasado 4 de julio, invitados por miembros de la Primera Línea y comunidad de Cali, varios artistas nacionales llegaron a compartir un concierto en Puerto Resistencia, uno de los lugares emblemáticos del Paro Nacional, donde, incluso, se levantó un monumento en homenaje a las víctimas de los crímenes de Estado cometidos en medio de la protesta social, pero que no ha sido bien recibido por parte de la institucionalidad, puesto que el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía de Cali, Jimmy Dranguet, le dijo a El Tiempo que investigarán a quienes organizaron el concierto para aplicarles sanciones.
¿Por qué?
De acuerdo con Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), son 74 las víctimas de violencia homicida desde el 28 de abril con corte de registro el 28 de junio, de las cuales, 52 han ocurrido en el Valle del Cauca y 33 han sido cometidos por agentes de la policía, ESMAD, GOES, CTI y Ejército. De este modo, Valle terminó siendo departamento con más denuncias y casos de vulneración a los DDHH.
Estas cifras han sido invisibilizadas y minimizadas por los medios tradicionales, donde el enfoque hacia el cubrimiento de la protesta siempre ha sido desde la estigmatización y el abordaje superficial de las causas, además de justificar la represión basados en la pandemia. “¿Un concierto en plena restricción en Cali y con las más altas cifras de contagios y muertos en la ciudad?”, es el titular de una nota de RCN, donde menciona el reportero que no hubo permisos y “no se entiende por qué realizan estos eventos cuando el 99% de las UCIs están ocupadas”.
Sin embargo, es importante mencionar que el concierto se realizó como una acción de protesta, como reacción a un malestar y dolor ciudadano y además comprendiendo el contexto de Puerto Resistencia, que permaneció por más de dos meses en bloqueo, no requiere actos protocolarios con la alcaldía, ya que no se requieren solicitar permisos para ejercer un derecho fundamental como lo es el derecho a la reunión y manifestación pública.
Y si nos vamos a los protocolos de bioseguridad y la prohibición de eventos masivos, habría que preguntar a RCN o El Tiempo, que fueron los medios que polemizaron el concierto, por qué no lo hicieron también con la intervención policial que llevó el 3 de julio a ¡1000! uniformados a Siloé, una comuna de Cali, en la que fueron arrebatadas muchas vidas durante este paro (tan solo el 4 de mayo, 4 jóvenes fueron asesinados y 19 personas heridas de bala, luego de un plantón pacífico) a una “intervención social”, como nombró a esta toma masiva, Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana.
Si se compara el número de asistentes al concierto en comparación a la toma policial de Siloé, ésta última fue más masiva, quedando en evidencia que la preocupación de estos medios no son los contagios ni mucho menos la seguridad, la salud y la vida de los y las ciudadanas, sino su molestia, obedeciendo a intereses del Gobierno Nacional, por la protesta social.
Adriana Lucía, una de las artistas invitadas al concierto nombrado “Sonidos de sanación, transformación y lucha”, quien, desde el paro del 2019 en Un Canto por Colombia se ha convertido en uno de los rostros y de las voces alzadas en pro de la justicia, la paz y la transformación social desde el arte, dijo en el concierto: “Uno no puede decir: soy orgullo colombiano, si cuando Colombia te necesita, no dices nada”, mientras llevaba una camisa con la frase “La indiferencia es una condena”. Su activismo incomoda y al parecer fue lo que detonó que estos medios mencionados plantearan una posición en contra de la acción.
Tras los dos meses de Paro Nacional y una abrumante violencia estatal hacia los y las manifestantes, una de las principales preocupaciones de las personas y los sectores que se movilizaron, es su seguridad. Vemos como en este caso inicia la persecución a quienes organizan el evento, pero esto hace parte de lo que empezaremos a ver (o ya estamos viendo) en contra de jóvenes Primera Línea, líderes y lideresas protagonistas de la movilización, periodistas de prensa alternativa, APHs y defensores de DDHH, pues en este país no se persigue a quien asesina, viola, tortura en nombre del Estado sino a quienes incomodan a la institucionalidad y los poderes y medios hegemónicos representados en ésta.
